Las crisis humanitarias fronterizas

Columna de opinión escrita por Rubén Darío Jaramillo Cardona, miembro del Centro de Fe y Culturas, y publicada en el periódico El Mundo, el pasado sábado 26 de septiembre.


Desde fines de agosto y principios de septiembre, los medios de comunicación nos han informado acerca de las crisis humanitarias fronterizas que afectan a la Unión Europea (unos 160.000 refugiados es el cálculo, si los aceptan en esa calidad) y el caso Colombia-Venezuela, donde 21.434 colombianos han sido deportados, unos forzosamente (1482), otros se han venido por su propia cuenta, ante la persecución feroz de la Guardia Nacional Venezolana (19.952), confirmando los análisis que a principios de los años 90 señalaban algunos politólogos, en torno a una globalización económica, que necesariamente arrastra mano de obra calificada o no, hacia otros países, porque el derecho al trabajo no necesariamente coincide con la residencia y la calidad de “nacional” de cualquier país.

“Trabajadores migratorios”, “trabajadores fronterizos”, “trabajadores de temporada”, son algunas de las denominaciones que recibe una masa de familias que busca sobrevivir y organizar su futuro, produciendo combinaciones culturales: padre venezolano, madre colombiana, hijos colombianos y venezolanos. Los contextos de las migraciones de la UE son las guerras de Siria, las del Estado Islámico y el hambre, como igual ocurre con el norte de África; lo ocurrido desde Venezuela, decisiones de puro cálculo político de un Presidente en apuros, que desea derrotar a la oposición y alinear sus “votos”, con una economía debilitada, pero con ciudadanos colombianos, si bien ilegales en su mayoría, con capacidad de ahorro y de compra de los bienes materiales, que ahora escasean para todos.

Existen documentos internacionales de la ONU que les otorgan a estos inmigrantes económicos, derechos y obligaciones; pero el gobierno venezolano ha destrozado los estatutos internacionales violando los derechos al debido proceso y de defensa; incluso, las viviendas de los migrantes, poseen documentos consagratorios de su restitución, que en las horas aciagas de hoy, se ignora si se recuperarán.

La calidad de “refugiado” se otorga más a perseguidos políticos y posee protección propia y seguramente pocos colombianos-algunos cientos-tienen esa calidad no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Pero el tema de los refugiados, desplazados, inmigrantes económicos, adquirió tal importancia, que les corresponde a los gobiernos de hoy tener política pública propia para asumir las sorpresas que demanda un asunto de este tipo. Bello, La Ceja, el Carmen de Viboral, en Antioquia, son municipios que están albergando ya a familias colombianas deportadas.

El Papa Francisco ha realizado un llamado a que cada Familia y cada Parroquia proteja y acoja a refugiados; gran compromiso que nos exige mucha solidaridad y compartir bienes materiales. Es un profundo reclamo que nos viene desde otras sociedades, desde otras “injusticias”, pues la guerra miserable y el hambre arrebatan vidas humanas todos los días.

Los gobiernos latinoamericanos no poseen políticas propias del desarrollo de las fronteras; comparten algunos servicios y conflictos de delincuencia organizada, con áreas poco vigiladas, donde perfectamente la porosidad de los controles posibilita el contrabando, la corrupción administrativa, la violación de derechos humanos. Las crisis humanitarias fronterizas convocan a los lazos de solidaridad que entre nosotros son fuertes, pero respecto a nuestros propios familiares. El rostro del colombiano “desconocido” nos hace dudar. La misión del Centro Fe y Culturas, no es solo el reconocimiento del Otro como persona, sino el de promover las oportunidades de quien es “débil”. Es hora de sacrificar parte de nuestras comodidades y enfrentar esta problemática, que irrumpe bruscamente como imprevisión gubernamental y como pregunta para colombianos instalados en las mieles del placer o de la indiferencia.