La dura denuncia de un jesuita sobre la violación de los DD. HH. en Venezuela

“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es uno de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano, encargado de detener a los dirigentes políticos. Se los llevan en buenas condiciones físicas, pero los empiezan a torturar de forma mental y física hasta deteriorar su buena salud. Luego, para que no los vayan a culpar (al Estado) le dictan la medida cautelar de casa por cárcel, pero nunca se llega a concretar”.


Así de dura fue la denuncia del sacerdote jesuita, Raúl Herrera, director del centro para la paz y los derechos humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y responsable de la Parroquia Universitaria “Epifanía del Señor”.

En conversación para Aleteia, el religioso comparó en iguales términos de crueldad la reciente muerte del concejal Carlos Andrés García, con la del productor agropecuario Franklin Brito, ocurrida el 30 de agosto de 2010.

“Hace unos días se cumplieron siete varios años de la muerte de Franklin Brito, -un productor agropecuario que pasó cuatro meses en huelga de hambre- a quién el gobierno de Hugo Chávez le expropió sus tierras situadas en el estado Bolívar y no atendió su protesta”, recordó acerca de aquél episodio que conmocionó a Venezuela y el mundo.

El padre Herrera enfatizó que el Estado viola sistemáticamente y reiteradamente los derechos humanos de los venezolanos y de los presos políticos. “No puede ser que la Fiscalía dicte una orden de excarcelación, medida cautelar o sustitutiva y el Sebin no acate la solicitud”, dijo durante la conversación.

Afirmó que el Estado mantuvo al concejal García bajo su custodia, por lo cual fue su responsabilidad lo que le ocurrió. “No se le brindó asistencia médica adecuada, fue desatendido y le fueron violados sus derechos”, indicó.

En ese sentido, dirigió sus críticas también para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha negado cualquier posibilidad de autopsia al concejal apureño fallecido, para determinar las causas de su deceso. “Es muy grave que el máximo tribunal del país avale una mentira, y se le niegue al fallecido concejal García practicarle una autopsia forense. Las violaciones de los derechos humanos no prescriben”, añadió.

Comentó que el Gobierno de Nicolás Maduro persiste en el ataque sistemático contra sus oponentes en aspectos como “la tortura, el dolor o sufrimientos graves físicos o mentales, a una persona que se tenga bajo custodia o control”.

También dijo que el Gobierno usa “la persecución, la privación intencional y grave de derechos”, en contra de la disidencia política y otros ciudadanos.

Son crímenes de lesa humanidad

El sacerdote y activista de los derechos humanos manifestó que “la desaparición forzada de personas traducida a la aprehensión, detención, encarcelamiento, hostigamiento o secuestro, seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o de negar información sobre el paradero de esas personas, son crímenes de lesa humanidad, según el protocolo de Estambul y los estatutos de Roma”.

Finalmente, el padre Raúl Herrera manifestó que para los ciudadanos venezolanos, quedan dos cosas por hacer. “La primera, mantenerse dentro de la Constitución, y la segundo, participar en las elecciones porque somos demócratas y la lucha debe seguir dentro de la ruta electoral, sin olvidar que la justicia siempre llega, esas muertes en las protestas no quedarán impune”.

Tomado de: Aleteia Venezuela