VÍCTIMAS INOCENTES
P. Efraín Aldana S.J.
19 febrero de 2007
El Gobierno le dió todas las garantías a la familia de Mancuso para que pudiera salir del país, pero no pudo darle el mínimo de seguridad a Yolanda Izquierdo y su familia, aduciendo que existían trabas burocráticas. Los políticos acusados de contacto con los paramilitares y el narcotráfico resultan ser amigos de nuestro Presidente. Y a las víctimas se les estigmatiza por ser “aliadas” de la guerrilla o líderes campesinas, defensoras de desplazados o líderes populares que se habían dedicado a organizar a los obreros y a las comunidades populares, en la defensa de sus derechos.
En la discusión acalorada entre el Presidente de la República y la dirigencia del Polo Democrático encontramos que Gustavo Petro nunca ha disparado un fusil ni ha mandado matar a nadie. Cuando el M-19 se tomaba el Palacio de Justicia, él estaba detenido en el Cantón Norte. Y el venerable y siempre calmado Carlos Gaviria, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, nunca ha tenido nexos con la Guerrilla. No queremos hacer exaltaciones partidistas, pues no militamos en ningún partido, solo queremos defender la verdad.
En la pasada reunión de Colombia-Europa, celebrada en Cartagena, del 2 al 3 de Febrero, los delegados de la G-24: embajadores, director y funcionarios de la ACNUR, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de otras agencias internacionales colaboradoras con el desarrollo del país y defensores de los derechos humanos y del DIH, anotaban que estábamos viviendo un momento histórico y necesitábamos saber aprovechar esta oportunidad. Nuestra “democracia”, tan lesionada, comenzaría a ser restablecida. Las coordenadas del nido de víboras que ha envenenado al país, han comenzado a ser localizadas.
El Gobierno intenta darle ahora un sentido laxo y ambiguo al término “paramilitar”. Pero los observadores internacionales del Evento mencionado, entre ellos: Human Rights Watch, los denominaba “carniceros”. Muchos entrenados por expertos norteamericanos, son diestros en el aniquilamiento de la vida humana. Llevamos una historia cargada de abusos del poder, de opresión a los campesinos vulnerables, a los obreros y a los pobladores urbanos apiñados en tugurios y en columpios de muerte.
Estamos en el llamado “año de los desplazados”, sabemos que estos desarraigados de sus tierras por culpa de la violencia, no han recibido la atención que reclama su estado de indefensión y su propia dignidad humana. Primero que todo siguen siendo ciudadanos colombianos y no son limosneros. Los grandes recursos se están dirigiendo a los que se acogen a la ley de “justicia y paz”. Como dato curioso de los 42.057, aparentemente desmovilizados, solamente 2.695 serán procesados bajo la Ley, el resto ( 93%) han sido liberados sin ser investigados o juzgados, bajo el pretexto de no tener procesos penales en su contra, aunque hayan cometido graves violaciones y crímenes de lesa humanidad.
Engaños y más engaños a los humildes campesinos y por último el despojo de sus tierras han incrementado los desplazados a la ciudad, donde llegan llenos de espanto y confusión. Esas tierras, antes alegres, llenas de cultivos, hoy aparecen colmadas de ganado, sin un rancho, sin un ser humano viviente.
El Gobierno Nacional no ha tenido una política clara sobre la Reparación de víctimas que han de pasar por el resplandor de la Verdad. Desafortunadamente su mejor defensa es tratar de enjuiciar a otros, ya sean expresidentes o destacados militantes de los partidos de la oposición
