El modelo de justicia y reparación argentino

Treinta años después de violaciones a los DDHH por cuenta de agentes del Estado, Argentina juzga a los responsables. Un caso que puede servir de modelo de justicia transicional en Colombia.


Argentina juzga hoy los crímenes de Estado cometidos hace 30 años. Su experiencia puede ser útil para Colombia y para otros países de la región con historias y heridas similares, y nos recuerda que la ley penal no puede aislarse de los principios de justicia, a veces no escritos, que guían nuestras decisiones colectivas.

A poco de recuperar la democracia, en 1983, y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Raúl Alfonsín por investigar el pasado, la impunidad se instaló como nota distintiva de la transición argentina, auspiciada por levantamientos militares opuestos a los juicios penales en marcha. Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, en 1986 y 1987, y los indultos presidenciales de Carlos Menem, en 1989 y 1990, ampararon ilegítimamente a los responsables de violaciones de derechos humanos y pulverizaron casi cualquier esperanza de justicia. Dos décadas más tarde, no obstante, la resistencia moral, legal y política del movimiento de derechos humanos hizo efecto en el sistema legal de impunidad y se reanudó el curso de la justicia.

En el 2005, la Corte Suprema argentina anuló las normas de impunidad y ordenó la reapertura de los procesos penales. Más de 60 personas han sido ya condenadas y otras 600 están acusadas por crímenes cometidos desde el poder político, en su mayor parte, durante la dictadura de 1976-1983.

Los juicios penales de hoy materializan una aspiración de justicia negada por leyes e indultos de pobre factura democrática. No están libres de errores, por supuesto, y tienen todos los problemas propios de la respuesta penal a un conflicto social profundo. Aun así, no es difícil reconocer en ellos la vocación de los argentinos por rechazar la impunidad como salida colectiva frente a su pasado vergonzante y doloroso. Los juicios de hoy asimilan tres décadas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

La decisión de reanudar los procesos penales treinta años después de ocurridos los hechos, no obstante, no fue sencilla. El tiempo transcurrido parece hablar a favor del olvido o de la necesidad de mirar hacia el futuro. Los responsables son personas mayores, algunos ancianos, y posiblemente ya no tienen el poder real con el que resistieron al primer gobierno de la democracia. Algunos incluso ya habían sido enjuiciados o condenados antes de beneficiarse con las normas de impunidad.

La opción de Argentina, con todo, fue confiar en la virtud de la justicia. Al igual que muchas otras naciones, y en línea con el derecho internacional, Argentina cree que debe investigar y reprochar los crímenes contra la humanidad, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su comisión, como garantía de no repetición, como afirmación de sus propios valores y como remedio frente a las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Al revisar las normas de impunidad, la Corte y el Congreso observaron que ellas sólo habían perseguido librar de responsabilidad a los autores de crímenes atroces. No fueron el fruto del consenso, ni de una decisión conjunta, sino el resultado de las presiones dirigidas, precisamente, a obstaculizar los esfuerzos de las instituciones de la democracia.

La reanudación de los juicios ubicó en una situación muy comprometida a un grupo importante de individuos que creía tener una expectativa fundada a ya no ser perseguidos penalmente por los crímenes del pasado. Tal expectativa, sin embargo, no existió nunca, o nunca pudo ser concebida de modo absoluto o irrevocable. Los crímenes que se imputan hoy ya eran delitos para el derecho nacional e internacional al momento de su comisión. El derecho internacional que guía el proceso argentino, y al que Argentina adhirió como complemento inseparable de su arquitectura constitucional, además, rechaza cualquier norma que implique la impunidad y un trato desigual a las víctimas de actos cometidos desde los aparatos del poder político.

Más importante aún es que las leyes no pueden escapar al dominio de la moralidad y la justicia. Deben ser revisadas si su origen es espurio, o si consagran soluciones groseramente incompatibles con los principios de justicia de una comunidad democrática. Argentina es un ejemplo vivo acerca del modo en que una sociedad resolvió la tensión entre sus propias normas de impunidad y los principios de justicia que ella misma abrazaba. Eligió revisar su pasado y condenar la clausura de la investigación penal decidida a espaldas de la gente. Finalmente, también aceptó que algunas reglas del derecho internacional pueden reflejar mejor las propias convicciones que algunas leyes nacionales acuñadas bajo presión antidemocrática. El ejercicio lleva décadas y continúa inconcluso, pero Argentina ha preferido dar a sus leyes un sentido compatible con sus principios de justicia y revisar su legado de impunidad. Una experiencia que puede ser replicable en otros países del continente.

Sobre el autor

Leonardo Filippini es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y de la Universidad Nacional de Lanús, e investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

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