II.  SUPRESIÓN
I. Pinedo, S.J.

Fue resultado de la campaña general antijesuítica que debe integrarse dentro del movimiento de la Ilustración, protagonizada por los ministros legalistas de los Estados borbónicos.  Éstos no dudaron en el empleo de la coacción con los papas, hasta que Clemente XIV firmó el breve Dominus ac Redemptor (julio 1773), suprimiendo a la Compañía de Jesús, como orden religiosa.  Era muy típico en las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII que el documento pontificio, para surtir efecto en un país, debía ser previamente aceptado por el soberano.  Así, la Compañía de Jesús fue extinguida en todos los países, excepto en Prusia (hasta 1780) y Rusia (hasta 1820)

1.  Causas

El catálogo más completo de acusaciones contra la Compañía de Jesús, que será recogido por toda la literatura antijesuítica posterior, se encuentra en el Dictamen FIscal de la Expulsión de los Jesuitas de España, redactado por Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, e impreso por primera vez en 1977.  De esta fuente se nutrieron todos los informes y memorias que tanto España como Nápoles escribieron al Clemente XIII y a Clemente XIV, intentando justificar la expulsión de los jesuitas (1767) de sus Estados y exigiendo la supresión canónica de la orden.

Al exponer las causas que precipitaron la extinción de la Compañía de Jesús, dentro de la abundante bibliografía de que se dispone, pueden distinguirse entre las internas y las externas:

a) Internas: Señalan algunos el hecho (discutible por otra parte) de una decadencia del espíritu de la Compañía de Jesús, por ejemplo, en la pobreza (caso Antoine Lavalette), en la obediencia al Papa (los ritos chinos y malabares), en la tentación de la política (influjo creciente a través de los confesores reales, control de los mejores puestos de la administración, como en España, gracias a los colegios mayores) en la enseñanza y la praxis moral (tendencia al laxismo).  Ninguna sociedad humana está dispensada de esta ley de la decadencia, aunque sea pasajera, y es muy fácil (y la mayoría de las veces injusto) generalizar los casos particulares de desviacionismo.  Y es necesario, al hacer el balance general de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, contar también con los factores positivos del crecimiento numérico en sujetos y en obras apostólicas, el mantenimiento y potenciación de un sano espíritu religioso en la mayoría de las comunidades; la apertura a nuevas misiones, rubricadas con la sangre de nuevos mártires, testimoniaba que la Compañía de Jesús conservaba, al menos en parte, la actitud de la "caballería ligera" que le infundiera San Ignacio.  Los papas lo reconocieron así, incluso Benedicto XIV, que, aunque poco afecto de la Compañía de Jesús, firmó el 27 de noviembre de 1748 la Gloriosae Dominae, llamada la "bula de oro" de las Congregaciones Marianas.

b) Externas: Se agrupan en dos frentes:

1. La enemistad de los poderes públicos, en concreto un grupo significativo de hombres de gobierno de países católicos que declararon una guerra a muerte a la Compañía de Jesús.  En sus planteamientos políticos primaban el absolutismo y el jurisdiccionalismo en sus múltiples formas (regalismo, galicanismo, febronianismo) y en su jerarquía de valores ocupaban un lugar preferente las ideas jansenizantes y la fuerte actitud anti-romana de la Ilustración.  Si bien es cierto que algunos jesuitas se contagiaron de regalismo (por ejemplo, ciertos confesores reales, como François de La Chaize y Francisco de Rávago), los enemigos de la Compañía de Jesús subrayaron hasta la saciedad que sus miembros eran los "granaderos" o "jenízaros" del Papa, fieles defensores de la Santa Sede, incluso en los aspectos que hoy nos parecen más que discutibles como el de la inmunidad eclesiástica.  En cuanto a teorías políticas, se recordaba que la Compañía de Jesús en tiempos de Roberto Belarmino y Francisco Suárez se había decantado hacia la monarquía limitada o populismo que se basaba en la doctrina del bien común de Santo Tomás de Aquino.  Absurdamente se atribuía a los ideólogos políticos jesuitas una defensa del tiranicidio, apoyándose en el testimonio único de Juan de Mariana en su De rege et regis Institutione (1599).  Esta acusación hizo su impacto en algunas testas coronadas, como la de Carlos III de España, quien urgía (1767) a su hijo Fernando IV de Nápoles a que expulsara inmediatamente a los jesuitas de su reino, pues temía que iban a atentar contra su vida en venganza por las vejaciones que habían sufrido por parte de su padre.

2. La celotipia de otras órdenes religiosas.  En efecto, los jesuitas eran diferentes en sus puntos de vista teológico y filosófico (molinismo, suarizmo), en algunos planteamientos morales y, sobre todo, en los misionales,  Pero lo que más irritaba a algunos era su influjo en el campo de la enseñanza y lo que ellos llamaban "orgullo jesuítico" de creerse superiores a otros institutos religiosos.  El mismo hitoriador jesuita coetáneo Giulio Cordara observa que esta acusación tenía fundamento en algunos casos.

No hay que creer que la enemistad contra la Compañía de Jesús fue general.  Seguía siendo muy preciada por casi todos los monarcas europeos no borbónicos, la gran mayoría de los príncipes alemanes católicos, del colegio cardenalicio y los obispos, incluso de los países de donde se había expulsado a los jesuitas. En este aspecto es expresivo el caso de España: con ocasión de la expulsión, los obispos en su mayor parte se manifestaron contrarios a esta medida; con todo, cuando muy pocos años después se les pidió dictamen sobre la extinción de la Compañía de Jesús, sólo dieciséis rehusaron darlo favorable.  La explicación está en que desde la designación (1765) de Manuel de Roda como secretario de Gracia y Justicia, de quien, en parte, dependía el nombramiento de los obispos (el P. Confesor, anti-jesuita a la sazón, también contaba) se miraba con cuidado las ideas, favorables o contrarias a la Compañía de Jesús, en el candidato a la mitra.  En una información valiosa que un canónigo jansenista francés recibió de España se lee: "El título de jansenista es para nuestro Rey Carlos un título de honor: se cuenta que antes de conferir una dignidad eclesiástica, tiene costumbre de preguntar a su ministro principal (Roda) `¿Es jansenista el propuesto para esta dignidad?´ Y si el ministro no responde afirmativamente, el candidato las más de las veces es rechazado".  Conviene notar que no se trata del jansenismo propiamente dicho, sino del "tiers parti" de habla E. Appolis, es decir, de eclesiásticos simpatizantes del jansenismo que propugnaban: la lucha teológica contra el  molinismo; la aversión por la moral laxista; el catolicismo "ilustrado"; el regalismo; el episcopalismo; la línea austera, no barroca, en la predicación y pastoral; y la lucha general contra los jesuitas.

Por último, entre las causas de la extinción, estaba el miedo de muchos hombres de Iglesia ante la prepotencia absolutista de los monarcas que estaban empeñados en controlar el mundo eclesiástico: el que no secundaba sus consignas se exponía a la marginación o a la persecución; por ello se explica que prelados antaño afectos a la Compañía de Jesús, a la que incluso debían su promoción, como Tomás Azpuru y Francisco X. Zelada, se pasaran de pleno al partido contrario; que un colegio cardenalicio mayoritariamente projesuita y contrario al ideario de los Borbones capitulara tan estrepitosamente ante las exigencias de las cortes, y que el mismo Clemente XIV, acosado por el chantaje de perder definitivamente Avignon, Benevento y Pontecorvo, y -lo que era peor- por el de un cisma de los Estados borbónicos, se viera constreñido a tomar una medida tan trascendental como, en el fondo, repugnante a sus sentimientos.  De hecho, los enemigos de la Compañía de Jesús eran los menos, pero actuaron con más inteligencia, cohesión y tenacidad, y sobre todo respaldados por el poder político.

2.   Principales agentes de la extinción

El 21 abril 1767, en el mismo mes en que se había ejecutado la Pragmática Sanción que expulsaba a los jesuitas de España, saltó por primera vez a la corres­pondencia diplomática el término «extinción de la Compañía de Jesús». Fue en una carta del ministro francés Choiseul al embajador en Roma, marqués d’Aubeterre. Los re­presentantes de España en París (el embajador, con­de de Fuentes, hermano de José Pignatelli, y el se­cretario Magallón) dieron cuenta inmediata de esta iniciativa francesa a los ministros de Carlos III, Roda y Grimaldi. Tenemos, pues, a tres de los actores prin­cipales de la extinción: a) Choiseul, antijesuita cons­tante (no sabemos hasta qué punto convencido), cria­tura política de la Pompadour, primer impulsor de la campaña y protagonista hasta su caída en desgracia en 1770; b) Roda, enemigo visceral (probablemente por no haber obtenido el favor de la Compañía de Jesús, como él es­peraba, en su “cursus honorum”), contertulio de ene­migos declarados de la Compañía de Jesús, como los cardenales Do­menico Passionei y Giuseppe Spinelli, monseñores Giovanni Bottari y Mario Marefoschi, y Francisco X. Vázquez, general de los agustinos, y amigo personal del cardenal Ganganelli, después Clemente XIV; c) Je­rónimo Grimaldi, ministro de Estado en Madrid, an­tijesuita por oportunismo (en realidad, era un tráns­fuga del “partido” del marqués de la Ensenada, muy afecto a la Compañía de Jesús).

Otros personajes, que habían desempeñado un papel importante en la expulsión de los jesuitas en sus respectivos países, o apenas intervinieron o su actuación fue más bien secundaria. Así, en España, el confesor real, el fiscal Campomanes y el presi­dente del Consejo de Castilla, conde de Aranda, cu­yo protagonismo en los preparativos de la expulsión de 1767 ha sido recientemente puesto en tela de jui­cio con razones documentales muy válidas; Portu­gal había roto sus relaciones con Roma en 1760, y no las reanudó hasta el pontificado de Clemen­te XIV; posteriormente, el ministro Pombal mar­chó de acuerdo con las potencias borbónicas a quie­nes cedió la iniciativa; poco intervino Guillaume Du Tillot desde Parma y, además, fue destituido de su cargo en 1771, tras un proceso ruidoso; en cuanto al ministro napolitano Bernardo Tanucci, siguió sien­do el mentor político de Carlos III, pero gozaba en­tonces de poco crédito en el ministerio de Estado de Madrid.

Pasando a los embajadores de los países intere­sados en la extinción, señalemos la poca eficacia del francés d’Aubeterre (hasta 1769) y del portugués Al­mada, los dos de luces limitadas, del napolitano car­denal Domenico Orsini, víctima de su vanidad, y de Azpuru, personalidad mediocre, y enfermo por aña­didura desde 1770. Fue necesario esperar al carde­nal François de Bernis, ambicioso e inteligente, y, sobre todo, a José Moñino, excelente diplomático y tenaz en sus objetivos.

Entre los monarcas, Luis XV en los últimos años de su reinado no siguió una política coherente: si por una parte dejó hacer a sus ministros, Choiseul o D’Aiguillon, por otra no podía sustraerse a la in­fluencia de sus hijas, que representaban la tradición católica anti-ilustrada. De la actuación decisiva de María Teresa de Austria se hablará a su tiempo. La figura más importante es, sin duda, Carlos III de Es­paña, el más firmemente persuadido de la bondad de la cruzada antijesuítica. Devoto y sensible hasta el escrúpulo frente al fenómeno religioso, pero con muy poca profundidad de conocimientos teológicos, fue fácil presa para sus hombres de gobierno, ene­migos de la Compañía de Jesús por convicción (Roda) o por oportu­nismo (Grimaldi, Moñino).  La labor de Roda, selec­cionando hábilmente los informes en sus despachos con el Rey (y la de Tanucci escribiéndole desde Ná­poles) fue tan eficaz en el real ánimo que ni aun al final de su vida pudo pensar sinceramente de los je­suitas sino como los enemigos irreconciliables de su persona, de su real familia y de la Iglesia Católica.

3. Proceso de la extinción:

Se divide en cinco períodos:

a)  En tiempo de Clemente XIII (1767-1769). En­tre la expulsión de los jesuitas de los dos estados borbónicos de Italia: Nápoles (noviembre 1767) y Parma (febrero 1768), se dieron otros dos hechos que sirvieron de catalizador al proceso de extinción de la Compañía de Jesús: la reunión secreta del Consejo Extraordi­nario de Castilla (el mismo que había entendido en la expulsión), donde se planteó con toda crudeza el plan para conseguir del Papa la supresión total de la Compañía de Jesús (30 noviembre); y el “Monitorio” de Parma, que requiere explicación aparte.

El joven Fernando Borbón, nieto de Luis XV y sobrino de Carlos III, tenía el título de “Infante de España y Duque de Parma”, pero este último no lo reconocía Clemente XIII, ni menos su secretario de Estado, Luigi Torrigiani, inmunista a ultranza, que alegaba viejos derechos feudales del pontífice sobre este territorio y hacía que en los documentos oficia­les firmados por el Papa se denominara “noster du­catus Parmensis”. Durante el período 1760-1764, el primer ministro parmesano, Du Tillot, con la ayuda de Roda, entonces embajador en Roma, había inten­tado recortar las inmunidades y privilegios de la Iglesia en sus Estados; al no haber obtenido nada sustancial por la cerrada oposición de Torregiani, el gobierno de Parma decidió tomarse la justicia por su mano y, mediante una serie de decretos unilaterales, emprendió una política desamortizadora y regalista. El 30 enero 1768 el Papa firmó el breve Alias ad apostolatus, más conocido como “Monitorio” de Parma, en el que afirmaba que el ducado era pose­sión pontificia, anulaba todos los edictos del gobierno en materia mixta desde 1764, y declaraba a sus autores, consejeros y ejecutores incursos en las cen­suras eclesiásticas expresadas en la bula In Coena Domini.

El Monitorio tuvo la virtud de galvanizar a los Estados borbónicos que consideraron la iniciativa del Papa como un insulto a la “augusta” dinastía. Las represalias no se hicieron esperar: Francia ocu­pó Avignon y el Condado Venesino; Nápoles hizo lo propio con los enclaves de Benevento y Pontecorvo; España resucitó la pragmática del pase regio o “exe­quatur" y exigió —y obtuvo— la recusación de To­rrigiani: la Santa Sede podía conservarlo como se­cretario de Estado, pero para tratar con las “Cortes” de los Borbones debía designar a otro cardenal.

En las cartas de los hombres de gobierno de Es­paña y Nápoles pronto comenzó a circular la especie de que eran los jesuitas los que con “sus caliginosos consejos” habían sugerido la iniciativa del Monito­rio a un Papa “decrépito, imbécil y gobernado por ellos”. Por ello, cuando desde el verano de 1768, Roma quiso llegar a un acuerdo con los Estados borbóni­cos, se le respondió, sobre todo desde Madrid, que no podía iniciarse negociación alguna hasta que la Santa Sede no firmara la extinción de la Compañía de Jesús. Incluso el motivo fundamental que había aglutinado las pro­testas borbónicas (reparar la ofensa inferida a un miembro de su familia) pasó a constituir un negocio secundario que debía tratarse más tarde. En reali­dad, el Monitorio no había sido más que un pretex­to para que Francia, España y Napóles exigieran de Roma cuentas viejas y nuevas y, entre ellas y en pri­mer lugar respecto a España, la supresión canónica de los jesuitas.

El 16 enero 1769, el embajador español Azpuru presentó al Papa la memoria de su gobierno en que se le urgía procediera a tomar esta medida, y pocos días después hicieron lo mismo los representantes de Francia y Nápoles. Los argumentos con que se in­tentaba vencer la resistencia de Clemente XIII no te­nían excesivo peso: el Papa debía reflexionar sobre el hecho de que los soberanos de dos terceras partes del mundo católico estaban interesados en la misma solicitud y a sus tiempos habían procedido a expul­sar a los jesuitas de sus Estados; tal unidad de crite­rio no podía ser fruto de un engaño, mientras que la curia generalicia de la la Compañía de Jesús no hacía sino amañar mentiras que, para vergüenza de los católicos, ha­bían logrado hacer mella en el mismo palacio ponti­ficio. Clemente XIII no pudo responder a la requisi­toria borbónica, porque murió repentinamente a principios de febrero de 1769. Sin embargo, se ha con­servado una minuta de la respuesta que tenía prepa­rada; según ella, se declaraba fiel a la tradición de sus antecesores que siempre habían protegido a la Compañía de Jesús; eran más bien los reyes quienes abandonaban las huellas de sus antepasados al empeñarse en des­truirla.

b)  El conclave de Clemente XIV. Los gobiernos borbónicos habían empezado a plantearse el posible conclave casi cuatro años antes de la muerte de Cle­mente XIII. No sólo hay que registrar, hacia 1765, una hipertrofia de cartas cruzadas entre las poten­cias católicas para, llegado el caso, ir todos de acuer­do, sino que comenzaron a elaborarse “planes”, que sirvieron de orientación al ministerio de Estado es­pañol (y al napolitano) acerca de las actitudes pro o anti-jesuitas de cada cardenal.  Así se tuvo en cuenta el plan de Azpuru (1765), el del agente de preces Jo­sé Nicolás Azara (1766) y el de Roda (1769), que fue el que más influyó. El conclave comenzó en febrero de 1769, y acabó el 19 de mayo. Los embajadores francés, español y napolitano (este último, el cardenal Orsi­ni, y por tanto miembro del conclave) hicieron fuer­za a los electores para que no tomaran ninguna de­terminación hasta que no llegaran los cardenales de las “Cortes”. Los franceses pudieron participar en los tanteos de las votaciones en la segunda quincena de marzo, pero los españoles no llegaron sino a fines de abril. El cardenal Filippo Pirelli, que ha dejado un diario muy interesante sobre la elección pontifi­cia, escribió el 5 de mayo: “Ahora es cuando empieza el verdadero conclave”. En efecto, así como los carde­nales franceses y napolitanos habían recibido de sus gobiernos la consigna de elegir a un papa “amigo de las Cortes” y no inmunista, Francisco Solís y Bue­naventura La Cerda traían de Carlos III (léase más bien, su gobierno) la orden de respaldar la candida­tura de aquel cardenal que se comprometiera, y me­jor por escrito, a suprimir la Compañía de Jesús. De Bernis, el duque de Luynes y Orsini manifestaron su disconformidad:  semejante acuerdo por parte de un cardenal hubiera constituido un pacto simoniaco y, además, no ha­bían recibido de sus cortes ninguna consigna en tal sentido. De todos modos, el gobierno español se ha­bía curado en salud y, previendo posibles resisten­cias, había sugerido que en tal caso sus representan­tes dieran marcha atrás “con decoro” y se limitaran a renovar con el pontífice electo la instancia formal de extinción de la Compañía de Jesús, tal como se había hecho con el Papa difunto.

Según el diario de Pirelli, el domingo de Pente­costés (14 de mayo), Solís y La Cerda, frente a un de Bernis todavía dudoso, sentaron la afirmación de que «no habían venido a elegir un papa, sino a su­primir a los jesuitas, por lo que no estaban dispues­tos a dar su voto sino a quien con toda seguridad se prestara a ello. Éste, según ellos, no podía ser otro que el cardenal Ganganelli, franciscano conventual, amigo de España (desde los tiempos en que su em­bajador, Roda, iba a visitarle con frecuencia a su celda en los Doce Apóstoles) y postulador de la cau­sa de Juan de Palafox, obispo de Puebla (México), íntimamente unida con la difamación de los jesui­tas, puesto que se trataba de beatificar a uno de sus más acérrimos detractores. Una vez convencido de Bernis de que la candidatura de Ganganelli, aunque específicamente española, no iba a caer mal en Ver­salles y que, además, tal como marchaban los escru­tinios, era muy difícil encontrar otra salida, empleó toda su habilidad, jugando con la ambición del car­denal Giovanni Francesco Albani, para ganar al par­tido encabezado por Carlo Rezzonico, “nepote” del Papa difunto y partidario de una política continuis­ta, y, mediante éste, al llamado «Sinedrio”, o facción inmunista y “zelante” de Torregiani. Así, fue elegido el cardenal Ganganelli, que tomó el nombre de Cle­mente XIV.

Al saber quién era el nuevo Papa, la Corte de Es­paña lo celebró con un “Te Deum” solemne y tres días de luminarias. Carlos III proclamaba que la elección había sido un milagro de San Francisco y del venerable Palafox. En parecidos términos se expresaba el pontífice electo en la carta autógrafa que escribió al monarca español: “Después de Dios, des­pués de la Virgen María, después del Seráfico Pa­triarca San Francisco, encuentra nuestra miserable Persona en Vuestra Majestad un Abogado amoroso, un Príncipe verdaderamente piadoso y un poderosí­simo Protector.”

c)  Primera ofensiva en el nuevo pontificado y cambio del escenario político en Francia. Aunque en su primera audiencia Clemente XIV recibió muy fríamente al P. General, Lorenzo Ricci, el 12 julio 1769 expidió un breve por el que se concedían indulgen­cias a los jesuitas que trabajaban en misiones. Según explicaba el agente español de preces, Azara, “la sus­tancia de él no importa nada y se concede de fórmula a cuantos lo piden, pero al ser a jesuitas en las circunstancias presentes, en que la apariencia era de estar lejos de obtener gracia alguna, ha hecho hablar infinito a todas estas gentes de uno y otro partido”. Los gobiernos borbónicos protestaron enérgicamen­te ante el Papa, quien se excusó diciendo que no se había dado cuenta del contenido del breve cuando se lo presentaron a la firma y, para borrar el mal sa­bor de boca, prometió a de Bernis, convertido en embajador de Francia después del conclave, que iba a escribir un breve justificatorio de las expulsiones de los jesuitas en los diversos países católicos desde Portugal (1759) hasta Parma (1768), que había de constituir como un prólogo al de la extinción, y que para la redacción de este último contaba en todo con el parecer de las Cortes borbónicas.

Sin embargo, Clemente XIV no se dio mucha prisa en cumplir su promesa. A principios de 1770, Azpuru, embajador español, cayó gravemente en­fermo, pero tanto él como su servidumbre tomaron mucho empeño en minimizar su dolencia en sus in­formes, a fin de que el paciente no fuera removido de su puesto; de hecho, esta enfermedad empanta­nó durante más de dos años los negocios pendien­tes entre España y la Santa Sede, fundamentalmente el de la extinción de la Compañía de Jesús, y supuso un respiro para el Papa.

Todavía tuvo más consecuencias el cambio ope­rado en el gobierno francés a finales de 1770: el du­que de Choiseul cayó en desgracia de Luis XV, en parte por la enemiga de Madame du Barry. La desa­parición de la vida pública del hombre más compro­metido en la supresión de los jesuitas (movido prin­cipalmente por razones políticas, por congraciarse con el Parlamento de París) y su sustitución por el “triunvirato” (René Maupeou, Joseph-Marie Terray y D’Aiguillon) que dirigió la política en los últimos cuatro años del reinado, constituyó una quiebra sen­sible en el frente borbónico contrario a la Compañía de Jesús en el que hasta entonces no se había advertido ninguna fi­sura. Para calibrar el efecto que esta destitución de Choiseul produjo en el gobierno español, bastará ci­tar a Roda, muy informado de los acontecimientos políticos de París, gracias a las confidencias de D’Os­sun, embajador francés en Madrid: “El partido de la Maitresa (sic), que todo es jesuítico, ha sido el cau­sante de la deposición de Choiseul (...). De Bernis tampoco era amigo de Choiseul y en su corazón ha sido terciario [amigo de los jesuitas], por lo que poco habrá que fiar en sus oficios en adelante, pues los que hacía era a fuerza de eficaces órdenes y aun re­prensiones que le daban. Si la Corte de París afloja y tal vez se empeña a favor de los jesuitas, se verá em­brollado Su Santidad y yo no extrañaré que veamos volver los jesuitas a París y aun al palacio del Rey Cristianísimo.”

Las noticias que se seguían recibiendo de Fran­cia, casi siempre vía D’Ossun, no eran nada alenta­doras para el gobierno de Carlos III; el mismo mo­narca se mostraba “inquieto”, pues veía que la extinción de la Compañía de Jesús peligraba, porque Francia estaba “en poder de los terciarios” y en París “ha(bía) ven­cido el partido jesuítico” (frases literales de minis­tros y embajadores españoles). La preocupación de Madrid llegó a su punto crítico en julio de 1771, cuan­do recibió la nueva del decreto de Luis XV que anu­laba los fallos del Parlamento de París desde di­ciembre de 1756. ¿Quedaría también incluido en esta ley el que se tomó con fecha 6 de agosto de 1762 contra los jesuitas? Carlos III —escribía aquellos días Roda— ha tenido grande sentimiento y estará en agitación mientras S.M. Cristianísima no declare su decreto y excluya de su tenor a los jesuitas”.

El gobierno de Madrid pudo respirar tranquilo cuando D’Aiguillon hizo saber que, entre los fallos anulados al Parlamento, no figuraban los referen­tes a los jesuitas y que, por su parte, en la campaña de extinción de la Compañía de Jesús, estaba dispuesto a mantener unido el frente borbónico. En cuanto a la dificultad que representaba la tibieza de Bernis, D’Aigui­llon, oyendo los consejos del embajador español en París, le montó un chantaje que surtió su efecto: puesto que el cardenal-embajador pretendía ante todo quedarse en Roma y manifestaba su repug­nancia a volver a su oscuro obispado de Albi, se condicionaba su permanencia en la Ciudad Eterna al “celo” que mostrara en lograr la extinción de la Compañía de Jesús.

En resumen, el “triunvirato”, tras una corta eta­pa de vacilaciones, terminó alineándose nuevamen­te con España en este negocio de la supresión de la Compañía de Jesús, en el que nunca mostró excesivo entusiasmo y anduvo muy a distancia del apasionamiento de sus promotores en Madrid; pero había un bien mayor que salvar, y era el de no irritar a la nación aliada y estrechamente vinculada a ella por el Pacto de Fa­milia. Curiosamente era éste uno de los legados más característicos de la política del defenestrado Choi­seul.

d)  Embajada de Moñino y asalto final a Clemen­te XIV (1772-1773). Cuando Azpuru, decepcionado por no haber obtenido el capelo cardenalicio, pre­sentó su dimisión como embajador (principios de 1772), fue nombrado para sustituirle el conde de Lavagna, que no pudo tomar posesión de su cargo, pues murió camino de Roma. El 24 de marzo se hizo pública la designación del nuevo embajador ante la Santa Sede: era Moñino, uno de los fiscales del Con­sejo de Castilla, “hombre —según lo definía Menén­dez y Pelayo- de los que llaman 'graves', nacido y cortado para los negocios, supliendo con asidua la­boriosidad y frío cálculo lo que le faltaba de grandes pensamientos”. El conde Vincenti, auditor de la nunciatura de Madrid, avisaba al cardenal secreta­rio de Estado, Opizio Pallavicini, que Moñino “en medio de su exterior de dulzura, facilidad, modera­ción e incluso religiosidad (...), incubaba en su áni­mo la aversión a Roma, a la autoridad pontificia y a la jurisdicción eclesiástica (...), muy empeñado en la extinción de los jesuitas, o por principio, o por odio contra ellos, o por propio interés”. El jesuita deste­rrado Manuel Luengo deshacía la disyuntiva y re­cordaba aquellos mismos días desde Bolonia que Moñino había sido alumno en un colegio de la Compañía de Jesús, pero había emigrado al partido antijesuítico por ra­zones de medro personal.

Es inútil subrayar que en las instrucciones que le había confiado la secretaría de Estado de Madrid fi­guraba la extinción de la Compañía de Jesús como el objetivo pri­mordial a obtener del Papa, sin perdonar en ello me­dio alguno. El nuevo embajador, una vez llegado a Roma en julio de 1772, se puso inmediatamente al trabajo con indiscutible habilidad e inteligencia. Como lo hace notar R. García Villoslada, “Moñino, con su diplomacia brutal, mezcla de franqueza, de finura psicológica y de violencia dominadora, fue el verdu­go de Clemente XIV: le apretaba, le exigía, ora argu­yéndole, ora refutándole, ora inspirándole confian­za, atacándole reciamente y sin cesar hasta el último atrincheramiento, siempre dispuesto, como él decía, a usar del garrote; de suerte que el débil y condescendiente Clemente X1V llegó a tenerle verdadero miedo” (Manual de Historia de la Compañía de Jesús [Madrid, 1954] 558).

Moñino fue recibido por primera vez por el Papa el domingo 12 de julio de 1772. Se encontró con que el ne­gocio de la extinción estaba prácticamente parado; ni siquiera se había publicado el breve de aproba­ción de las expulsiones que el Papa prometiera a de Bernis hacía ya casi tres años. Sin embargo, desde la segunda audiencia que Clemente XIV concedió a Moñino el 23 de agosto (aunque en el entretanto ha­bían mediado cartas y mensajes entre ellos, que se servía para ello de su confesor y eminencia gris, el franciscano Innocenzo Buontempi), se tuvo la impresión de que el proceso de la extinción estaba ya encarrilado y que no podía dilatarse mucho la pu­blicación del breve en cuanto el pontífice regresara de su casa de vacaciones en octubre.

Continuó, no obstante, la táctica clementina de dar largas: se escudaba en el pretexto de que la em­peratriz María Teresa de Austria, muy afecta —al parecer— a los jesuitas, se opondría con seguridad a la promulgación del breve de extinción, y así sugería otras medidas no tan drásticas, como prohibir la re­cepción de novicios, cerrar el Seminario Romano y enviar severos visitadores a diversas casas e instituciones de la Compañía de Jesús. Estas maniobras de diversión no contentaron al gobierno español, y su embajador es­trechó el cerco en torno del atemorizado Clemen­te XIV. “Es necesario estrechar y amenazar”, escri­bía Moñino a Madrid. Las presiones se hicieron más violentas, hasta tal punto que el mismo Moñino con­taba a su secretario de Estado: “Fue mucho lo que el Papa se inquietó y afligió con mis reflexiones, ro­gándome que no le angustiase, ni metiese en dudas y temores.” Por otra parte, María Teresa capituló in­condicionalmente y dejó a los jesuitas a merced de los Borbones, habida cuenta de su política matrimo­nial, y sobre todo de la derivada del relativamente reciente enlace de su hija María Antonieta con el delfín de Francia, futuro Luis XVI. A propósito de los Borbones franceses, el gobierno español, a última hora, ordenó a Moñino que no presentara a Cle­mente XIV la carta de adhesión a la campaña gene­ral anti-jesuítica que se había recibido de Luis XV. Grimaldi se expresaba así: “No me parece buena pa­ra enseñarla al Papa, pues parece que sólo por condescendencia se interesa el (Rey) Cristianísimo en el negocio de la extinción.” Al Papa le quedaban «muy pocos agujeros en que esconderse», como es­cribía el agente Azara. Moñino añadió los chantajes a los “estrechamientos”, bien secundado por Buon­tempi y Zelada, italiano de origen español, que ob­tuvo el capelo cardenalicio en la primavera de 1773 y que fue el encargado de redactar el breve de supre­sión, según un esquema elaborado por Moñino.

Mucho se ha escrito sobre los sentimientos con­tradictorios que embargaban el ánimo de Clemen­te XIV cuando firmó el breve Dominus ac Redemp­tor, por el que se consumaba la ruina de los “corvinos”, como él llamaba a los jesuitas, a quienes en sus confidencias con el embajador español consi­deraba, según testimonio de éste, como “hombres abandonados de Dios” y dignos de recibir “el casti­go que merecía su pertinacia”. Ni siquiera se sabe con certeza el día en que el Papa estampó su firma. Y hay mucho de leyenda, por no decir abiertamente de falsedad, en los relatos de Jacques Crétineau-Joly, Augustin Theiner y otros, que pintan la angustia de Clemente XIV, consciente de que rubrica­ba su pena de muerte o condenación. La minuta del breve muestra un “placet” completamente normal, que no revela agitación de ánimo alguna.  El breve Dominus ac Redemptor se imprimió en la embajada de España del 24 al 28 de julio de 1773, y aparecía como firmado el 21 del mismo mes.

e)  El breve de supresión y sus primeras consecuencias. El documento pontificio tiene dos partes: la narrativa (o de los “considerandos”) y la disposi­tiva; en la primera, arranca de la prohibición del IV Concilio Lateranense de fundar nuevas órdenes reli­giosas y enumera las que han sido suprimidas por los papas comenzando desde los templarios. La Compañía de Jesús, nacida para la salvación de las almas, más bien se había convertido en la manzana de la discordia den­tro de la Iglesia, de tal manera que incluso las apro­baciones de los papas se habían debido a rivalidades de los jesuitas entre sí o con otros religiosos; los mis­mos monarcas con su conducta daban a entender que era imposible la paz entre los cristianos mien­tras existieran los “inquietos y turbulentos” jesuitas. La parte dispositiva suprimía la Compañía de Jesús y prohibía en vir­tud de obediencia al clero secular y regular y a los mismos ex-jesuitas escribir o hablar de la supresión ni del instituto de la Compañía de Jesús. Una serie de artículos com­plementarios especificaba algunos aspectos sobre el posible ingreso de ex-jesuitas en otra orden religio­sa, la suerte de los estudiantes y los novicios, la resi­dencia, el hábito, las licencias para confesar y predi­car, la actividad misional, etc.

La tarde del lunes 16 agosto 1773, los prelados a quienes se había confiado la ejecución del breve se repartieron por casas jesuitas de Roma, acompaña­dos de soldados y alguaciles. “A la ejecución del Gesú —contaba Azara a Roda— fue monseñor Ma­cedonio, y el general estuvo muy humilde oyendo su sentencia sin decir una palabra. Luego se le notificó que, debiendo responder a varios cargos, quedaría preso en su cuarto hasta ejecutarlo, y así está con dos granaderos a la vista día y noche, que no lo dejan ver a nadie”. Aquí empezó el calvario del P. Ric­ci, que no terminaría sino con su muerte en la pri­sión de Sant’Angelo el 24 de noviembre de 1775. Su salud estaba tan quebrantada que sólo a un mes de la promulgación del Dominus ac Redemptor contaba el mismo Azara: “Ricci está mal de salud y sólo habrá que admirar si no se muere.” Junto con el General, fueron encarcelados también los Asistentes, es decir, “el Sanedrín jesuítico”, como lo llamaban sus ene­migos, triunfadores en aquella hora.

Todos aquéllos que intervinieron activamente en la extinción fueron generosamente premiados por el gobierno español: Buontempi y Zelada, con impor­tantes sumas de dinero y algunos beneficios ecle­siásticos, y Moñino, con el título de conde de Floridablanca, con el que ha pasado a la historia. Pocos meses antes de la extinción, y coincidiendo con la promoción de Zelada a la púrpura, Clemente XlV había nombrado una Congregación de cinco carde­nales (Marefoschi, Andrea Corsini, el propio Zelada, Francesco Carafa y Antonio Casali) y dos monseño­res (Alfani y Macedonio) para que llevaran a cabo la ejecución del breve, en cuanto éste hubiera sido fir­mado por el pontífice. Fueron ellos los que se encar­garon del registro de las casas romanas que habían pertenecido a la Compañía de Jesús y de la custodia de los prisioneros de Sant’Angelo. La Congregación continuó deci­diendo en última instancia sobre personas y bienes de la Orden extinta.

Carlos III y aquéllos de sus ministros que más se habían distinguido en la extinción perseveraron en su misma actitud y en su mismo empeño de aniqui­lamiento completo de la Compañía de Jesús y de su espíritu; uno de ellos escribía en 1776, cuando ya el nuevo Papa Pío VI, influido —o más bien coaccionado- por Floridablanca, había dado señales claras de continuar con la misma política que su antecesor frente a los je­suitas, que era necesario “acabar con las cenizas y borrar hasta la memoria de la Compañía de Jesús, extinguiendo así el jesuitismo y sus máximas políticas, para que con nin­gún nombre o atributo pueda resucitar jamás”.

Ya se indicó al principio cómo sobrevivió en Ru­sia Blanca una genuina representación de la Compañía de Jesús, mínima por el número de sujetos, pero no por su sig­nificación. El jurisdiccionalismo del Antiguo Régi­men sancionó legalmente esta situación de hecho, y Catalina II hizo caso omiso a las reclamaciones de Carlos III y de su ministro de Estado, que desde 1777 era Floridablanca. En 1783 el designado obis­po coadjutor de Mogilev, Jan Benislawski obtuvo de Pío VI un emocionado “placet” a las actividades pastorales de los jesuitas en Rusia Blanca con su his­tórico “approbo”. Esta pequeña célula sería el puen­te de unión entre la antigua Compañía de Jesús, suprimida en virtud del breve Dominus ac Redemptor, y la nueva, renaci­da con la Sollicitudo omnium ecclesiarum del 7 de agos­to de 1814, decretada por Pío VII.

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I. Pinedo